En el año 2050 se espera que el 30 por ciento de la población en España tenga más de 64 años. Esto se debe fundamentalmente a dos variables: por un lado, la esperanza de vida de los españoles aumenta de manera muy rápida; y por otra parte, la tasa de natalidad se ha desplomado y las perspectivas no indican una variación en la tendencia.
Si dentro de 40 años, incluso antes, no variamos nuestro sistema de pensiones (cotizaciones a la Seguridad Social, pensiones, prejubilaciones, etc…) la situación será insostenible. Vamos, que no se podrá hacer frente económicamente a la situación. Es por ello que el Gobierno ha tomado una serie de decisiones que afectan de manera directa a todos los trabajadores.
En principio, la reforma más impopular consiste en el aumento de la edad de jubilación de los 65 hasta los 67 años. Pero hay otras. Entre ellas destacan el aumento de la edad mínima de prejubilación (antes estaba en los 52 años, y pasaría a estar en los 58 años); eliminación de las pensiones vitalicias de viudedad (sustituirlas por una indemnización o una prestación temporal); así como elevar el periodo cotizado que se tiene en cuenta para determinar la cuantía de la pensión (de 15 años pasaríamos a 20, lo que disminuiría sustancialmente la cuantía de las pensiones).
Las reacciones ante las medidas prefijadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se han hecho esperar. En esta ocasión, el Banco de España y la CEOE están de acuerdo, mientras el resto de partidos políticos y los sindicatos critican la medida. Sin embargo, la queja gira más en torno a las formas que al fondo de la cuestión.
Todos los partidos, excepto IU creen necesario una variación del sistema. De hecho el Partido Popular propone alguna de las medidas que han hecho públicas los socialistas. ¿En que están en contra entonces? En que la decisión se haya tomado sin un consenso previo. Un consenso que siempre había existido previamente en toda remodelación de la Seguridad Social desde la firma del Pacto de Toledo.
Si, aumentar la edad de jubilación es una medida poco o nada apreciada por los trabajadores, pero es, si queremos seguir con el mismo sistema de pensiones, una de las decisiones que debía tomar este Gobierno. Una decisión que, no obstante, ha tenido dos graves errores: la sensación de improvisación a la hora de ser tomada y la falta de consenso político a la hora de su gestación. En el fondo es correcta, pero en las formas han fallado. Esperemos que en futuras reformas, que las habrá, aprendan de sus errores. Esto no se puede volver a repetir. Hasta otra compañer@
No hay comentarios:
Publicar un comentario